El gobernador Axel Kicillof anunció el envío a la Legislatura bonaerense de un proyecto para declarar la emergencia en obra pública nacional dentro del territorio provincial. La iniciativa le otorgaba facultades para rescindir contratos, recuperar obras frenadas y profundizar reclamos judiciales por fondos retenidos por la Nación. Acompañado por Gabriel Katopodis y Pablo López, el mandatario sostuvo que la paralización de proyectos comprometía la seguridad vial, la economía y la vida cotidiana de millones de bonaerenses.

En su exposición, Kicillof recordó que la Provincia había presentado cinco demandas ante la Corte Suprema por deudas acumuladas de la Nación que calculaba en 12 billones de pesos, cifra que representaba casi diez meses de recaudación provincial. Katopodis, por su parte, subrayaba que se trataba del “primer gobierno en frenar toda la obra pública”, tras más de 600 días sin ejecución de proyectos nacionales, y enumeraba como ejemplos inconclusos la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y obras de infraestructura en Bahía Blanca.

En paralelo al reclamo, la administración bonaerense reactivaba los trabajos de pavimentación de la Ruta del Cereal, una obra clave para la producción agropecuaria del oeste provincial. Con una inversión de $37.352 millones, se proyectaban 47,4 kilómetros de nuevas calzadas entre Salazar y Garré, más repavimentación, banquinas, señalización y alcantarillas. El avance físico alcanzaba un 6% tras haberse retomado las tareas en junio.

El corredor conectaba la Ruta Provincial 86 con la Ruta Nacional 33, beneficiando la salida de la producción de unas 650 mil hectáreas agrícolas, 260 mil cabezas de ganado y 40 tambos de la Cuenca Lechera Oeste. Para los productores significaba reducir pérdidas en períodos de lluvias, bajar costos logísticos y reforzar la seguridad vial en una zona de fuerte actividad agroindustrial.