El presidente Javier Milei firmó este lunes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consolidando su estrategia para sanear el balance del Banco Central y resolver el cepo cambiario. El acuerdo, que se desarrollará bajo el esquema de un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), tendrá un plazo de repago de hasta 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio. No obstante, el decreto no revela detalles cruciales como el monto ni las condiciones exactas del préstamo.

El DNU, que será publicado oficialmente en el Boletín Oficial este martes, establece que los fondos obtenidos del FMI se destinarán principalmente al pago de deudas con el Banco Central y a la cancelación de las Letras Intransferibles del Tesoro Nacional. Sin embargo, la falta de especificación en cuanto al monto solicitado ha generado controversia y preocupación en varios sectores, que cuestionan la opacidad en los términos del acuerdo.

La oposición ha reaccionado con críticas, señalando la falta de transparencia y acusando al presidente de eludir el control legislativo al no remitir el acuerdo al Congreso, como lo requiere la ley. Según la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, cualquier nuevo acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso, lo que ha motivado la presentación de una denuncia penal contra Milei por presunta violación de la normativa y la Constitución.

Aunque el presidente ya había adelantado la posibilidad de avanzar con el FMI durante su discurso en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, la falta de detalles claros sobre el monto y las condiciones ha dejado en el aire preguntas sobre los verdaderos objetivos del acuerdo y su impacto económico. La incertidumbre sobre el uso de los fondos y su efecto en las reservas del Banco Central y en la economía nacional sigue siendo una preocupación central.