En un nuevo capítulo del conflicto judicial en torno a la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, legisladores nacionales de Unión por la Patria exigieron formalmente el derecho a visitarla sin requerir autorización del tribunal. La presentación, dirigida al Tribunal Oral Federal N.º 2, remarca la legitimidad institucional de las visitas y critica las restricciones impuestas por la Justicia.

El escrito sostiene que senadores y diputados seguirán asistiendo al domicilio de la exmandataria, ubicado en el barrio de Constitución, como parte de su función representativa. Además, subraya el carácter político del reclamo, al invocar el mandato popular, las inmunidades parlamentarias y la necesidad de preservar la división de poderes. Para los firmantes, se trata también de respetar la investidura y el rol histórico de Fernández de Kirchner.

La causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, continúa generando repercusiones institucionales. La defensa de la expresidenta apeló la decisión del tribunal que restringe las visitas, argumentando que no hay normas que permitan imponer condiciones extra a quienes cumplen pena en domicilio. La audiencia en Casación fue fijada para el 7 de julio al mediodía.

El Tribunal Oral respondió con firmeza: consideró que el pedido fue presentado fuera de plazo y que no aporta nuevos elementos para modificar su fallo anterior. Según los jueces, el planteo “no conmueve los fundamentos ya brindados” en la resolución del 17 de junio, que estableció los criterios actuales de cumplimiento de la condena.

La última palabra ahora queda en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, los mismos magistrados que confirmaron la condena original. Mientras tanto, Unión por la Patria refuerza su respaldo político a la expresidenta desde el Congreso, en un contexto donde el frente judicial vuelve a tensionar la escena nacional.