Esta semana se presentó un proyecto para transparentar el trámite de las multas en el distrito y poner fin a 30 años de arbitrariedades. El titular del Juzgado de Faltas 2 de Hurlingham, Xavier López, consideró al proyecto «un salto adelante en la modernización de la administración de justicia».

Pero De Francesco, titular del otro juzgado del distrito, había presentado una cautelar para frenar el proyecto y mantener el monopolio de las multas. La justicia de la provincia no dio lugar al pedido y lo rechazó en tiempo récord. Tras el fallo, el PRO acusó recibo. En Hurlingham se sabe el historial de De Francesco y ahora sin siquiera la nuencia del poder judicial evalúan soltarle la mano. Por estas horas, se corrige el borrador de un comunicado en el que algunos concejales macristas tomarían distancia pública. «No podemos quedar pegados a De Francesco en esta, acá todos lo conocen», comentaron en off. También se especula que la única salida posible a esta tensión es su posible renuncia, algo que no fue confirmado ni desmentido.

¿De qué se trata el nuevo sistema?

Según los especialistas, el nuevo sistema que se busca crear en Hurlingham achica el organigrama administrativo y dota de transparencia, a través de un sistema de controladores, a la ejecución de las faltas, tal como funciona hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Un sistema parecido tienen también los municipios de Tres de Febrero y Tigre. De esta forma, se pondría fin a décadas de un sistema espurio e ineficiente. Además, la reorganización que propone el proyecto permitirá una atención más ágil.

El pedido, presentado el 27 de mayo de 2025, tenía por objeto impedir la ejecución de un proyecto de ordenanza que busca modernizar el sistema de multas actual, suprimiendo los dos juzgados y creando más transparencia y menos lugar para las arbitrariedades. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Morón rechazó la medida cautelar solicitada por Rafael De Francesco, actual juez de faltas del Municipio de Hurlingham. El juez Marcelo Mauro Gradín argumentó que el planteo no configura un caso judicial justiciable, ya que no hay una “causa” o “controversia” en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional. En consecuencia, la pretensión cautelar es rechazada “in limine” por carecer de objeto jurídico actual.