El fallo de la Justicia porteña, que ordenó al Servicio Penitenciario Federal recibir a más de 400 presos alojados en comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires, desató un duro cruce entre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad. Esta decisión judicial, que surgió a partir de un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de la Ciudad, marca un punto de no retorno en la disputa sobre la gestión del sistema penitenciario en la Capital Federal.

Bullrich acusó al gobierno porteño de manipular la crisis carcelaria para presionar por una transferencia de responsabilidades que, según ella, pondría en riesgo la seguridad. Aseguró que la mayoría de las provincias enfrenta el mismo problema de hacinamiento, pero sin la recurrencia de fugas como en la Ciudad de Buenos Aires. Además, destacó las medidas adoptadas por el gobierno nacional, como el incremento del 50% en la recepción de presos en el sistema federal, y las 100 plazas ofrecidas en cárceles del interior, propuestas que fueron rechazadas por el gobierno porteño.

La ministra también subrayó el impacto económico de la situación, que ha generado un gasto de más de 156 mil millones de pesos anuales por los más de 6.000 presos porteños alojados en cárceles federales. Asimismo, recordó que el proyecto de construcción del Complejo Penitenciario de Marcos Paz, que podría albergar a más de 2.200 internos, fue incumplido por la administración de Macri. En medio de las tensiones, el gobierno nacional insiste en que la solución está en transferir las competencias penitenciarias a la Ciudad, una propuesta que sigue siendo bloqueada por las disputas políticas y judiciales.