La Comisión de Discapacidad de Diputados se reunió este jueves y aprobó el dictamen del proyecto que busca declarar la emergencia nacional en discapacidad.
La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (Unión por la Patria), tuvo una intensa jornada de trabajo este jueves, en la que se abordaron diversos temas relacionados con los derechos de las personas con discapacidad. El punto central de la reunión fue la aprobación del dictamen del proyecto que busca declarar la emergencia nacional en el sector.
Asimismo, la comisión avanzó en el análisis de otras cinco iniciativas, entre las que se destacan pedidos de informes al Poder Ejecutivo y la instauración de días conmemorativos para promover la sensibilización.
Uno de los principales ejes del encuentro fue la necesidad de legislar sobre el «trato digno» y el «uso adecuado» del lenguaje en referencia a las personas con discapacidad. Esto se dio a raíz de la polémica resolución 187/25 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluía términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para la evaluación de la discapacidad intelectual en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Tras el rechazo generado, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la medida.
En la apertura de la reunión, Arroyo explicó los objetivos de la comisión para el año legislativo: “Es evidente que estamos ante un serio problema de falta de financiamiento de prestaciones, de no acceso a las pensiones por discapacidad para quienes las están reclamando, y de retraso o falta de pago de cuestiones básicas”.
También planteó la necesidad de actualizar la legislación vigente: “La ley que regula la situación de las personas con discapacidad tiene más de 40 años y se hizo en la dictadura. No es solo que es una ley de la dictadura, sino que es viejísima”.

En tanto, desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño denunció que “se está viviendo un durísimo ajuste” y mencionó que “no se están otorgando pensiones ni actualizándolas como corresponde”. Además, reclamó que se garantice el reconocimiento laboral de los trabajadores prestadores del sector y la reincorporación de empleados despedidos de ANDIS.
“El proyecto para avanzar en una declaración de emergencia es urgente. Hay que tratarlo rápido en el recinto porque afecta a cientos de miles de personas”, sostuvo Del Caño.
Por La Libertad Avanza, la diputada Lilia Lemoine reconoció las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad y señaló que se debe promover su integración en la educación y el trabajo.
Sobre la polémica resolución de ANDIS, aclaró que este viernes se publicará una nueva normativa que corregirá los términos cuestionados: “No fue voluntad del organismo utilizar esas palabras. Es un tema complejo, hay dos personas despedidas por esto. No fue algo voluntario”, aseguró.
El debate dejó en claro la urgencia de avanzar en medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y por eso la comisión buscará que el proyecto de emergencia sea tratado próximamente en el recinto de la cámara baja.
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