Lo que muchos anticipaban, finalmente ocurrió. El Gobierno nacional vetó la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales y preveía un fondo de $200.000 millones para la asistencia a los damnificados.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 424/2025 y firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se justifica en que los fondos ya habrían sido destinados, una afirmación que contrasta con la realidad que viven miles de afectados.

En respuesta a esta medida, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció que buscará comunicarse directamente con el presidente Milei para solicitarle la restitución de los fondos. «Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer», sostuvo el jefe comunal, quien enfatizó que la ciudad «necesita presupuesto y gestión para iniciar un proceso de reconstrucción que aún no comenzó».

La Ley 27.790, impulsada por senadores bonaerenses y aprobada por el Congreso, no solo contemplaba la creación de un fondo especial. También incluía exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

El Gobierno, al vetar la ley en su totalidad, omite que gran parte de los fondos estaban destinados a obras de infraestructura cruciales para la reconstrucción de la ciudad, un aspecto fundamental que no se ha abordado adecuadamente.

Durante una conferencia de prensa en la municipalidad, Susbielles, referente de Unión por la Patria, confirmó su intención de establecer un canal de diálogo directo con el presidente. «Confío en la palabra que el Gobierno nacional ha dado a través del Presidente de la Nación, de que iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad», afirmó.

El intendente remarcó la urgencia de un respaldo financiero concreto, señalando que, si bien la ciudad «ha dado una primera respuesta a la emergencia, con la restitución de servicios básicos y mucha solidaridad», y han «logrado ponernos de pie, la reconstrucción de la ciudad no empezó».

«La ciudad necesitó, necesita y va a necesitar de la participación en gestión y presupuesto no solamente del gobierno municipal, sino también del Gobierno de la Provincia y del Gobierno Nacional», subrayó Susbielles, expresando su deseo de continuar trabajando articuladamente a pesar del contexto político.

El jefe comunal recordó sus encuentros previos con funcionarios nacionales, incluyendo una reunión con el propio presidente en la quinta de Olivos y con responsables de infraestructura del Ministerio de Economía y Vialidad Nacional. Sin embargo, lamentó no haber recibido hasta el momento una respuesta concreta a los planteos realizados.

«No me voy a apurar a hacer declaraciones sin certezas ni haber podido hablar con el presidente. Siempre voy a tener el espíritu de trabajar articuladamente», sostuvo Susbielles, reafirmando su predisposición al diálogo institucional.

Finalmente, el intendente fue contundente: «El veto no puede significar el cierre del capítulo», insistiendo en que la normativa era fruto de un gran acuerdo multipartidario y representaba una respuesta institucional adecuada a la catastrófica situación vivida el pasado 7 de marzo.

Bahía Blanca se mantiene firme en su reclamo, esperando que el Gobierno nacional rectifique su decisión y concrete el apoyo necesario para iniciar un proceso de reconstrucción que la ciudad necesita con urgencia.