La gestión de Selci envió un proyecto al Concejo para transformar el sistema de faltas e infracciones, tal como lo hizo el municipio de Tigre hace ya varios años, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El miércoles de la semana pasada ni siquiera los concejales de su partido salieron a defender al «Señor de las Multas», como es conocido en Hurlingham. Además de los 10 concejales del oficialismo, la ordenanza fue votada por otros 3 de la oposición y la abstención de los libertarios. No se trataba ya de una cuestión partidaria, el amplio rechazo que tiene De Francesco en el distrito es producto del oscuro manejo del juzgado, del que fue titular por casi 30 años.

Anticipando cualquier maniobra de De Francesco para aferrarse al sillón y postergar la modernización del sistema, la gestión de Selci pidió a la justicia una medida de resguardo. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Morón hizo lugar a la medida solicitada por el municipio de Hurlingham con el fin de evitar cualquier treta dilatoria por parte de De Francesco. La justicia le prohibió al ex juez de faltas presentar acciones cautelares que intenten “suspender, obstaculizar o alterar” la vigencia de la Ordenanza 9600/2025, que reorganiza la Justicia de Faltas local.

En el fallo, la justicia sostuvo que la medida busca “evitar el daño evitable” y proteger “la presunción de legitimidad de los actos normativos dictados por el Municipio”, recordando que ya existió un intento previo de frenar la reforma por parte del ex candidato libertario. El juez destacó que “resulta previsible y verosímil que se intente nuevamente la vía cautelar para paralizar la ejecución de la decisión legislativa adoptada”, lo que —advirtió— “podría comprometer la eficacia administrativa y el normal funcionamiento de las estructuras municipales”.