La situación de la infancia argentina es alarmante. Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA), titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, reveló que la inseguridad alimentaria alcanzó un récord histórico en 2024.

El 35,5% de las niñas, niños y adolescentes del país, lo que representa a 4,3 millones de chicos, se vieron afectados por esta problemática. De este total, un preocupante 16,5% experimentó la forma más extrema de inseguridad alimentaria, el nivel más alto registrado en más de una década.

Los investigadores Ianina Tuñón y Agustín Salvia advierten que esta situación crítica refleja una tendencia ascendente que se viene observando desde 2010, con picos marcados en 2018, durante la pandemia en 2020 y, de manera particular, en el último año a raíz de la profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país.

El informe subraya que la inseguridad alimentaria golpea con mayor fuerza a los hogares pobres, especialmente aquellos con jefas o jefes con inserción laboral precaria, así como a las familias monoparentales y numerosas. La estabilidad y condiciones laborales de los adultos resultan ser un factor decisivo, influyendo directamente en la capacidad de los hogares para acceder a una alimentación adecuada.

En los hogares monoparentales, la incidencia de inseguridad alimentaria fue 12 puntos más alta que en los biparentales entre 2010 y 2024. Las familias con cinco o más miembros también presentaron niveles persistentemente superiores, una brecha que se amplió de manera preocupante en los últimos años.

A pesar de que en el segundo semestre de 2024 se registró una leve baja en los niveles de pobreza infantil (que alcanzó el 67% en el primer semestre), atribuida a la desaceleración inflacionaria y al aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA), los niveles de inseguridad alimentaria se mantuvieron críticos.

Por regiones, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentró los niveles más altos desde 2017. Sin embargo, en 2024 el interior del país mostró un aumento preocupante, acercándose a los números del conurbano bonaerense, con tasas de 36% y 35% respectivamente.

El estudio también destaca el impacto de la educación. Los hogares con al menos un niño o niña con déficit educativo (por deserción o sobreedad) registraron niveles significativamente más altos de inseguridad alimentaria.

Esta diferencia se amplió desde 2020, lo que podría evidenciar un deterioro más profundo entre los excluidos del sistema educativo. La escolarización, remarcan los investigadores, suele estar asociada al acceso a comedores, redes de contención y otros recursos del sistema educativo.

El tipo de empleo de la persona que encabeza el hogar también aparece como determinante. Más de la mitad de las infancias atravesó inseguridad alimentaria al menos un año entre 2022 y 2024. De forma alarmante, el 14,8% la padeció de forma crónica, mientras que otro 9,2% vio su situación empeorar. Solo el 44,5% permaneció libre de esta problemática durante los tres años.

Los hogares con empleo precario, subempleo, desempleo o inactividad muestran los niveles más altos de inseguridad alimentaria, con una tendencia en alza desde 2018, alcanzando picos del 51% en 2024. Esto confirma que la inestabilidad laboral está estrechamente ligada al deterioro en el acceso a alimentos. Aunque en menor medida, incluso los hogares con empleo pleno no están exentos, registrando una inseguridad alimentaria que ronda el 10%, lo que refleja la persistencia de desigualdades estructurales.

El informe del ODS-UCA confirma que las políticas de transferencia de ingresos como la AUH y la Tarjeta Alimentar tienen un efecto positivo, reduciendo la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos en la escala del índice. No obstante, su alcance es limitado frente a la precariedad estructural del mercado laboral y la persistencia de la pobreza.

“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, concluyen los investigadores. Desde el ODS-UCA insisten en que las transferencias deben ser complementadas con políticas de empleo inclusivo, desarrollo infantil temprano y alimentación escolar. Solo con una intervención articulada será posible reducir los riesgos alimentarios y garantizar el derecho de las infancias a una vida digna.