Javier Milei dispuso la intervención de la Oficina Anticorrupción para esclarecer el caso de la criptomoneda $LIBRA, luego de que miles de inversores denunciaran pérdidas millonarias. A través del decreto 114/2025, también se creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) dentro del Ministerio de Justicia para colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Desde el Gobierno sostienen que el presidente solo difundió la iniciativa y que no tuvo participación en el proyecto.

El escándalo comenzó cuando Milei promovió el “Viva la Libertad Project” en sus redes sociales, un esquema que prometía financiamiento para pymes mediante inversiones en criptomonedas. Sin embargo, tras el colapso de $LIBRA, se desató una ola de denuncias, lo que llevó a la Justicia a analizar la posible responsabilidad del mandatario y su entorno. La eliminación del posteo presidencial alimentó aún más las sospechas sobre su rol en la promoción del criptoactivo.

Mientras la investigación oficial avanza, persisten dudas sobre su transparencia. El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió sobre los límites de una indagación encabezada por un organismo dependiente del Ejecutivo, señalando que el control debe ser independiente para garantizar imparcialidad. En este contexto, crecen las expectativas sobre el rumbo que tomará la causa y las posibles implicancias políticas y judiciales para Milei.