La reciente Decisión Administrativa 1/2025, que establece que los aumentos salariales para los empleados estatales deben ajustarse a los presupuestos de cada dependencia, generó una gran controversia. Desde ATE, Rodolfo Aguiar calificó la medida como «inviable» y de «cumplimiento imposible», advirtiendo que el Gobierno no podrá mantener la paz social con los salarios establecidos en 2023. El líder sindical criticó además la decisión de vincular los aumentos salariales a los presupuestos de las entidades, lo que, según él, resultará en un «0% de aumento anual». Además, resaltó que debido a la falta de sanción de una nueva ley de presupuesto, el Gobierno aplicará el mismo presupuesto de 2023, lo que implica un ajuste en los salarios de los trabajadores estatales.

El Ejecutivo justificó la extensión de la medida como parte de un esfuerzo por equilibrar las cuentas públicas y mantener la equidad salarial entre los diferentes sectores del Estado. Según los funcionarios del Gobierno, esta decisión busca continuar con el ajuste fiscal iniciado en 2024 y avanzar hacia el equilibrio fiscal. Sin embargo, ATE considera que esta medida es una excusa para reducir los ingresos de los trabajadores y aumentar la pobreza en el sector público.

La polémica también se intensifica con los recortes en el empleo público. En los últimos meses, más de 35.000 trabajadores fueron despedidos, y más de 57.000 contratos quedaron en incertidumbre. A esto se suman las paritarias del 2025, que aún no alcanzaron un acuerdo, con los sindicatos acusando al Gobierno de emplear tácticas dilatorias para evitar una mejora salarial.

A pesar de la desaceleración de la inflación registrada en noviembre (2,4%), el Gobierno está limitando los aumentos salariales a porcentajes inferiores a esta cifra, lo que generó un clima de tensión con los gremios, que exigen ajustes acordes al aumento del costo de vida. Así, el 2025 promete ser un año de conflictos sociales y económicos, especialmente en el ámbito de las negociaciones salariales en el sector público.