El Gobierno de Javier Milei presentó un plan de reestructuración para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que contempla despidos masivos, recortes presupuestarios y la venta de terrenos clave para la investigación agropecuaria. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, promete modernizar el organismo, pero los gremios y expertos lo califican como un intento de desguace que pone en riesgo su función estratégica.

Según Adorni, el INTA se había desviado de su propósito original en las últimas décadas, señalando que “se enfocó en temas como género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”. El plan incluye reducir la planta de 6.852 empleados, de los cuales el 50% ingresó durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, y redirigir parte del presupuesto anual de 250 millones de dólares, actualmente destinado en un 90% a salarios. Para 2027, el Gobierno proyecta que el 30% de las investigaciones sean financiadas por el sector privado.

Entre las medidas más polémicas se encuentra la venta de terrenos del INTA, como un inmueble ubicado en Palermo valuado en 6,3 millones de dólares, que será subastado en diciembre. La Agencia de Administración de Bienes del Estado justificó la venta afirmando que se trata de un predio «innecesario», aunque desde la Asociación de Personal del INTA (Apinta) rechazan esta visión. “No son tierras improductivas, generan ingresos fundamentales para el organismo. Es un desguace en favor de los privados”, expresó Mario Romero, secretario general del gremio.

El plan también contempla la venta de 27.000 hectáreas de campos experimentales en provincias como Salta, Junín, San Pedro y Esquel, áreas esenciales para el desarrollo agrícola. Nicolás Bronzovich, nuevo director del INTA, defiende un modelo que prioriza la participación privada y la reducción del personal, aunque críticos advierten que estas políticas replican medidas adoptadas en los años ‘90 y el macrismo, con consecuencias negativas para los pequeños productores.

Romero concluyó: “Esto no es modernización, es una estrategia para debilitar al INTA y transferir su rol al sector privado, dejando desprotegidos a los agricultores familiares y pequeños productores del país”.