El gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 1048/2024, resolvió disolver cinco fondos fiduciarios públicos, entre ellos uno destinado a la asistencia a víctimas de trata de personas. La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, ha generado un amplio rechazo.

Entre los fondos eliminados se encuentran el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), que fue cuestionado por sus debilidades en la gestión de inversiones y en la rendición de cuentas; el Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo cierre se justifica por la falta de bienes integrados al fideicomiso; y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que enfrentaba problemas operativos y de gestión.

Además, se disolvieron el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (PROICSA), que desde 2020 no registraba actividad, y el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, que enfrentaba demoras en la rendición de cuentas y una gestión ineficaz en el recupero de fondos.

El gobierno justificó la disolución de estos fondos como una medida para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, argumentando debilidades administrativas y financieras que impedían el cumplimiento de sus objetivos. La intención es garantizar mayor transparencia y optimizar la estructura pública en un contexto económico complicado.

Sin embargo, la eliminación de estos fondos ha sido fuertemente criticada, especialmente la disolución del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que deja un vacío en la protección de este sector vulnerable. Defensores de derechos humanos alertan que esta decisión representa un retroceso en las políticas de asistencia social. También preocupa el impacto en la industria azucarera y los emprendedores que dependían de estos fondos para financiar sus proyectos.

Desde que asumió la presidencia, Milei ha apuntado contra los fondos fiduciarios, considerándolos opacos e ineficaces. Esta medida se enmarca dentro de su política de reducción del tamaño del Estado y la eliminación de estructuras que considera innecesarias. En este contexto, también se modificó el plan Procrear, eliminando su formato anterior.

Aunque los fondos serán disueltos, el gobierno ha asegurado que los fiduciarios deberán coordinar los procesos de liquidación y administrar los recursos remanentes de manera ordenada. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso evaluará la medida en los próximos diez días hábiles.

La disolución de estos fondos ha generado un amplio debate sobre las posibles repercusiones sociales y económicas, especialmente en áreas clave como la vivienda, la asistencia social y la competitividad industrial. Aunque el gobierno defiende la medida como un paso hacia la transparencia, las críticas apuntan a la falta de planes alternativos para sustituir las funciones de estos fondos.