El presidente Javier Milei intentó apaciguar el conflicto generado por sus polémicas afirmaciones, en las que sostuvo que solo los hijos de familias ricas acceden a la universidad. En una entrevista con LN+, aclaró: «La universidad seguirá siendo pública y no arancelada, eso no está en discusión». Sin embargo, enfatizó que la universidad «gratuita no es», ya que el sistema educativo se financia con impuestos, beneficiando principalmente a quienes acceden a las instituciones.

A pesar de asegurar su compromiso con la educación pública, Milei reiteró su intención de auditar a las universidades, lo que desató una serie de protestas en todo el país. El mandatario defendió su postura alegando que incrementar los recursos destinados a la educación superior podría agravar la pobreza. «Si las universidades logran el financiamiento que piden, va a haber más pobres en el país», afirmó, y desafió a las instituciones a ser transparentes en sus demandas económicas.

El presidente también dejó abierta la posibilidad de revisar el presupuesto universitario para 2025, mientras mantiene firme su objetivo de alcanzar el déficit cero. Las tomas en universidades como la UBA, UNC y UNT reflejan el rechazo de estudiantes y docentes al veto de Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario. En respuesta, el mandatario acusó a los manifestantes de estar «a favor de que se utilicen las universidades para robar» y exigió auditorías más estrictas para garantizar un uso adecuado de los fondos públicos. Aunque las universidades ya están bajo la supervisión de la AGN y la Sigen, Milei insistió en que aquellos que se oponen a nuevas auditorías «tienen algo que ocultar».

El conflicto, que ha escalado a nivel nacional, muestra la creciente polarización entre el gobierno y el sector educativo, mientras la sociedad debate sobre el futuro del sistema universitario público en Argentina.